Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a exalcalde de Tuchín

La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al señor Domingo Germán Ortiz Salgado, en su condición de alcalde municipal de Tuchín (Córdoba), por posibles irregularidades relacionadas con la declaratoria de la figura de  urgencia manifiesta.

La diligencia de carácter disciplinario se realizará el 19 de mayo de 2015 a las 2:30 de la tarde en la sala de audiencias de la Procuraduría Provincial de Sincelejo (Córdoba), ubicada en la calle 22 nro.16-20 en esa ciudad.

Al parecer, el investigado declaró la urgencia manifiesta en el citado municipio, mediante Decreto expedido el 18 de octubre de 2011, pese a que no existían las causales previstas en la ley y, al parecer, bajo esta figura seleccionó a varios contratistas y celebró indebidamente cinco contratos. 

Las pruebas señalan que el objeto de los contratos no guardaba relación con ninguno de los eventos previstos en la ley para declarar la urgencia manifiesta, como son “ (…) la afectación en la prestación del servicio o en la continuidad del mismo que requiera del suministro de bienes o servicios o la ejecución de obras; la ocurrencia de situaciones relacionadas con los estados de excepción; la necesidad de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastres que demanden actuaciones inmediatas o situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección normales de contratación (…)”.

De otra parte, el señor Ortiz Salgado de manera injustificada habría omitido enviar a la Contraloría General del departamento de Córdoba el decreto mediante el cual declaró la urgencia manifiesta y los contratos originados en esa medida excepcional para que el ente fiscal se pronunciara sobre la viabilidad jurídica de esta.     

Por último, se cuestionó la conducta del entonces mandatario por cuanto al parecer, a pesar de que no contaba con la autorización concedida por el Concejo Municipal para celebrar contratos, habría celebrado 8 de estos, omitiendo al parecer el deber de solicitar autorización al concejo para celebrar los cuestionados contratos estatales, desconociendo la competencia constitucional que este ente tiene con el fin de que los mandatarios “lleven a cabo la contratación necesaria para dar cabal cumplimiento al plan de inversiones y ejecutar en debida forma el presupuesto”.