Cárcel a exalcalde de Betulia, Sucre, por delitos contra la administración pública

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Sucre formuló cargos por peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documentos públicos, en contra del exalcalde de San Juan de Betulia (Sucre) Fernel Avilez Tovar, por posibles hechos de corrupción.  

Otras tres personas fueron judicializadas por los mismos delitos, luego de que la Fiscalía, en desarrollo de la investigación, encontró evidencias que demostrarían su responsabilidad en las irregularidades cometidas en la celebración de un contrato con la Fundación de la Sabana para el Desarrollo Social, Económico y Ambiental del Caribe (Fundesca), en el año 2017.  

Por solicitud del ente acusador, el juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al ex mandatario local y a Eider Manuel Moreno Arias, jefe de Asuntos Sociales de la alcaldía para la época de los hechos, quien fungió como supervisor del contrato.  

Por otra parte, ante la decisión del juzgado de concederle la libertad a Leyda Rosaura Núñez, representante legal de la Fundación, y a Luis Miguel Acosta Osorio, alcalde actual de Sincé (Sucre) y asesor jurídico en contratación estatal de la administración de San Juan de Betulia en 2017, la Fiscalía interpuso el recurso de apelación.  

Los elementos materiales probatorios recaudados dan cuenta de que el objeto del contrato con la fundación era impulsar las actividades de interés público mediante el desarrollo del Centro de Vida del Adulto Mayor, en el municipio, en una primera fase por un valor de $237’253.867, con una vigencia de un mes y 15 días.  

Para ejecutar el programa debían contar con profesionales de la salud como psicólogos, médicos y gerontólogos, con un permiso de la Secretaría de Salud de Sucre; sin embargo, se evidenció que tal permiso no fue expedido.   

Entre los contratos por prestación de servicios que se anexaron no se encontró el del psicólogo y, el del geriatra, supuestamente fue reemplazado por el de un gerontólogo sin un soporte que explicara por qué se hizo el cambio.   

Además, según entrevistas realizadas a los contratistas, el salario convenido al parecer fue menor al que se reportó en los informes.  

También, entre los hallazgos hechos por el ente acusador, se determinó que no se anexaron las hojas de vida de las personas que ejecutarían el contrato, tampoco se aportó una certificación de idoneidad y, aunque se hizo una relación de los contratos celebrados en otros municipios, no se verificó la veracidad de la información, como tampoco se corroboró si se ejecutaron en su totalidad.  

De acuerdo con la información obtenida, el contrato señalaba que los adultos mayores que debían atender eran 167, pero en el listado relacionado se encontró que solo 110 personas fueron beneficiadas.  

Asimismo, la Fiscalía determinó que existiría un peculado, ya que en el contrato de vehículos para el transporte de los adultos mayores se detectó un faltante de $12’803.575, así como gastos por $21’980.475 más, sin justificar.