Recusación frena discusión sobre irregularidades en campaña presidencial de Petro

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) tuvo que suspender este jueves el debate sobre la ponencia que propone sancionar a varios responsables de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por presuntamente haber superado los topes de financiación establecidos por la ley. La razón es una nueva recusación, esta vez contra el magistrado Álvaro Hernán Prada, uno de los ponentes del caso.

La discusión apenas comenzaba cuando se presentó el recurso legal, lo que obligó a detener la sesión. El documento en cuestión —de más de 600 páginas— plantea imponer sanciones económicas al gerente de campaña, Ricardo Roa; la tesorera, Lucy Aydée Mogollón; los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus; y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP).

Esta no es la primera vez que el proceso se ve interrumpido. Anteriormente, la magistrada Alba Lucía Velásquez fue apartada del caso por haber sido testigo electoral del Pacto Histórico, coalición que respaldó a Petro. Su salida y la nueva recusación afectan el equilibrio interno del tribunal y podrían seguir retrasando una decisión definitiva.

Según el contenido de la ponencia, la campaña presidencial habría superado los topes en más de 3.500 millones de pesos y habría recurrido a fuentes de financiación no permitidas. Aunque el presidente Gustavo Petro no figura entre los sancionables —ya que no es competencia del CNE juzgarlo—, sí se señala responsabilidad en otros actores clave de su campaña.

Entre las presuntas irregularidades se destacan aportes de organizaciones como Fecode y la USO, pagos no reportados por publicidad y la falta de registro de gastos relacionados con testigos electorales. No obstante, algunos temas como los vuelos contratados con la empresa Sadi o el evento en el Movistar Arena fueron descartados por falta de pruebas o por considerarse fuera del periodo de campaña.

Aunque se espera que el recurso contra Prada se resuelva en las próximas sesiones, los tiempos del proceso podrían seguir extendiéndose. Los magistrados tienen plazo hasta abril del próximo año para emitir una decisión final.