“Piden hasta la foto del voto”: denuncian presiones de disidencias de las FARC en plena campaña presidencial

Mientras el país se alista para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, en la que se enfrentarán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en regiones como Caquetá el voto sigue bajo la sombra de las armas. Allí, el gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar denuncia que las disidencias de las FARC estarían apretando a la población para que marque el tarjetón a favor de un candidato específico.

En conversación con el programa La Noche de NTN24, Ruiz Aguilar aseguró que el constreñimiento electoral “se triplicó” rumbo al balotaje, especialmente en municipios como Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Puerto Rico y El Doncello. Según su relato, comerciantes, líderes y habitantes son citados una y otra vez para recibir “orientaciones” sobre cómo deben votar el próximo 21 de junio.

El mandatario departamental también describió el nivel de control que, según él, ejercen los grupos armados sobre el acto mismo de votar. “Están exigiendo hasta foto del voto y el que no vote tiene que pagar una multa de hasta dos millones de pesos”, afirmó, al señalar que se trata de un mecanismo para vigilar y castigar a quienes no sigan la línea impuesta.

Ruiz Aguilar aprovechó para poner bajo la lupa el llamado Plan Democracia, el esquema de seguridad diseñado por el Gobierno Nacional para blindar las elecciones. A su juicio, en Caquetá el Estado juega en cancha ajena: “un solo actor delincuencial tiene el control de prácticamente todo el departamento”, advirtió, dejando en evidencia la brecha entre el papel y la realidad.

Las presiones, de acuerdo con el gobernador, van más allá de las urnas y golpean directamente la economía regional. “En el departamento del Caquetá no hay una sola obra pública que no esté siendo extorsionada de manera descarada por los grupos criminales”, denunció, al describir un escenario en el que los contratos de infraestructura y los recursos públicos terminan sometidos a peajes ilegales.

En este panorama, las denuncias elevan la alerta sobre la verdadera libertad del voto en territorios históricamente atravesados por el conflicto armado. Mientras las campañas de De la Espriella y Cepeda miden fuerzas en plazas y debates, en zonas rurales como Caquetá muchos ciudadanos siguen votando entre la miedo, la foto obligada del tarjetón y la amenaza de una multa que nadie debería pagar por pensar diferente