Mancuso condenado por su responsabilidad en 117 hechos delictivos en La Guajira

El día de hoy se dio a conocer el fallo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, en contra de uno de los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso Gómez, tras encontrarlo responsable de al menos 117 hechos delictivos cometidos en La Guajira.

El tribunal responsabilizó a Mancuso de homicidio, desaparición forzada y hechos de violencia basados en género, en contra de la población indígena wayúu y otras comunidades de este departamento.

Entre los hechos descritos, se menciona que el exjefe de las AUC, estaba al mando del Frente Contrainsurgencia Wayúu, quienes protagonizaron una incursión armada el 10 de octubre de 2003 en la ranchería Manaki, en el municipio de Uribia, donde varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a tratos degradantes por cerca de cuatro horas.

Adicionalmente, según relató el Tribunal, los paramilitares destruyeron sus rancherías y se apropiaron de bienes de alto valor cultural y económico para la comunidad, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, que constituían el sustento de las familias afectadas.

Por otra parte, Justicia y Paz destacó que el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y llegó a contar con cerca de 150 integrantes, lo que permitió a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) expandir su accionar armado hacia La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta con el objetivo de consolidar el control territorial.

Ante la gravedad de estos hechos, Mancuso Gómez fue condenado a 40 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.

No obstante, de acuerdo a los beneficios contemplados en Ley de Justicia y Paz, la sentencia fijó una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición.

Finalmente pero no menos importante, el tribunal reconoció a las comunidades de wayúu de Carraipia, Majayura y Malaki (en Uribia) y Matitas (en Riohacha), como sujetos de reparación colectiva tras ser víctimas de las AUC.