JEP imputa a 27 exintegrantes de las Farc por masacres, violencia sexual y atentados

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primera gran imputación conjunta dentro de los macrocasos 10 (crímenes no amnistiables) y 11 (violencia basada en género, violencia sexual y reproductiva), llamando a responder a 27 antiguos integrantes de la desmovilizada guerrilla de las Farc.
Entre los imputados como máximos responsables figuran cuatro integrantes del último Secretariado: Rodrigo Londoño (Timochenko), Jaime Alberto Parra (Mauricio Jaramillo o El Médico), Julián Gallo Cubillos (Carlos Antonio Lozada) y Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez).
La investigación, liderada por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, concentró sus hallazgos en las actuaciones de los bloques Sur y Oriental, estructuras que ejercieron control territorial en 15 departamentos de las regiones Orinoquía, Amazonía y la Cordillera Oriental, cometiendo masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas y castigos mediante violencia sexual contra mujeres campesinas que desafiaban su autoridad.
La decisión judicial documenta tres grandes patrones criminales basados en 76 informes recopilados por mesas de víctimas y organizaciones sociales: crímenes por control territorial, actuaciones en el marco de hostilidades y atentados urbanos.
Dentro de los hechos atribuidos sobresale el carro bomba contra el Club El Nogal en Bogotá (7 de febrero de 2003), que cobró la vida de 36 civiles y dejó 198 heridos; el ataque con un caballo bomba en Chita (Boyacá), donde murieron ocho personas; las agresiones contra los políticos de la familia Turbay en Caquetá y los atentados contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Asimismo, la JEP concluyó que existen bases suficientes para atribuir el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y de José del Cristo Huertas (2 de noviembre de 1995) a la red urbana que lideraba Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada).
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, calificó la resolución como “el auto de las víctimas olvidadas”, destacando que aborda expedientes cuyos niveles de impunidad en la justicia ordinaria alcanzaban el 97 %. Ahora, los 27 procesados deberán decidir si aceptan la responsabilidad por los cargos imputados para acceder a sanciones propias de la justicia restaurativa.
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