Gobierno insiste con recurso de súplica para salvar decreto del salario mínimo

El Gobierno Nacional movió ficha ante el Consejo de Estado para intentar salvar el decreto con el que fijó el aumento del salario mínimo para 2026.

El Ejecutivo presentó un recurso de súplica contra la decisión que suspendió provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, norma que estableció un incremento del 23% en el salario mínimo. Con esta acción, busca que el alto tribunal revoque la medida y permita que el ajuste siga vigente mientras se resuelve el proceso de fondo.

La solicitud fue radicada de manera conjunta por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En el documento, sostienen que la suspensión fue más allá de lo que permite una medida cautelar, pues —según argumentan— terminó anticipando un fallo sobre la legalidad del decreto.

El Gobierno cuestiona especialmente que, además de frenar el acto administrativo, el Consejo de Estado haya ordenado la expedición de un decreto transitorio para fijar el salario mínimo mientras avanza el proceso. A su juicio, esa decisión equivale a reemplazar temporalmente la competencia que la ley le otorga al presidente cuando no hay acuerdo en la Comisión de Concertación.

También advierte que no se demostró un perjuicio grave o inminente que justificara la suspensión del aumento y que la decisión genera incertidumbre económica, con impacto directo en más de dos millones de trabajadores que dependen del salario mínimo.

El caso se originó por una demanda presentada por un ciudadano contra la Nación, representada por las carteras de Hacienda y Trabajo y la Presidencia. Ahora, el futuro del incremento del 23% queda en manos del Consejo de Estado, que deberá decidir si mantiene la suspensión o permite que el decreto siga aplicándose mientras se emite una sentencia definitiva.

En medio de la controversia, el presidente ha llamado a movilizaciones para respaldar el aumento y anunció que firmará un decreto transitorio mientras el alto tribunal adopta una decisión de fondo.