Familia y poder: hermanos del MinDefensa suman $735 millones en contratos

Mientras el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lidera la estrategia de seguridad del país, sus dos hermanos han consolidado una robusta red de contratos con entidades públicas, varias de ellas pertenecientes al sector que él mismo dirige. 

La revelación de estos documentos pone en entredicho la transparencia en la ejecución del gasto público y el cumplimiento del régimen de inhabilidades.

Juan Carlos Sánchez, ingeniero civil, ha firmado contratos clave con la Policía Nacional mientras su hermano ya era ministro:

1. Contrato 1 (2025): $60 millones con la Dirección Logística de la Policía para mantenimiento de infraestructura.

2. Contrato 2 (2026 - en ejecución): $77 millones con la Dirección de Infraestructura de la Policía.

3. Otros convenios: registra contratos con el Servicio Geológico Colombiano ($172 millones) y el Ministerio de Minas ($82 millones).

Expertos advierten que, según la Ley 80 de 1993, existe una prohibición expresa para contratar a familiares en segundo grado de consanguinidad de los jefes de sector. Al ser el ministro el superior jerárquico de la Policía, estos contratos podrían ser declarados nulos.

Por su parte, Julio César Sánchez ha concentrado su actividad en el Ministerio del Interior, con contratos que suman más de $291 millones entre 2025 y 2026, destinados a labores de análisis de seguridad y riesgos de líderes sociales. Llama la atención que estas funciones están estrechamente ligadas a la gestión de orden público que coordina su hermano desde Mindefensa.

¿Qué dicen los implicados?

Ministro Pedro Sánchez: defendió a sus hermanos argumentando que son profesionales hechos “a pulso” y que no existe conflicto de intereses.

Juan Carlos Sánchez: aseguró que el ministro no tuvo “facultad decisoria” en sus contratos y que estos fueron tramitados por delegados de la Policía, lo que a su juicio elimina la inhabilidad.

Un punto crítico de la investigación es que ninguno de los implicados registró estos contratos en sus declaraciones de conflicto de intereses, un requisito de transparencia obligatorio para funcionarios y contratistas del Estado.