Caso Fruver: Consejo de Estado niega “muerte política” de David Racero por falta de pruebas

En un fallo del 11 de febrero de 2026, la Sala 12 Especial de Decisión del Consejo de Estado puso fin al proceso que buscaba retirar de su cargo al representante David Ricardo Racero Maayorca. 

La demanda de pérdida de investidura, que alegaba una indebida destinación de dineros públicos, fue desestimada por falta de evidencias “claras, rotundas y concluyentes”.

El proceso se centraba en la acusación de que John Leonardo García Lara, asistente de la UTL de Racero, habría dedicado tiempo laboral a administrar un negocio de frutas y verduras propiedad del congresista durante la pandemia. 

El Consejo de Estado fue tajante:

Los audios, chats y recortes de prensa aportados por los demandantes no lograron demostrar una orden directa de Racero para desviar las funciones del funcionario hacia fines privados.

Por otro lado, la sentencia aclara que “no se acreditó el elemento objetivo de la causal alegada”, es decir, no hubo prueba reina de que recursos de la Nación terminaran financiando actividades comerciales particulares.

El fallo recordó que la pérdida de investidura es la sanción más severa del sistema colombiano, pues implica la inhabilidad permanente para ser elegido.

Al tratarse de un proceso sancionatorio, el estándar de prueba es estrictamente alto, y en este caso, los indicios no superaron la presunción de inocencia del legislador.

Lo que sigue para Racero

Con este espaldarazo judicial, David Racero mantiene su curul para el periodo 2022-2026 sin la sombra de una destitución inmediata por este caso. El congresista ha insistido en que las denuncias hacían parte de un ataque político, versión que toma fuerza tras la decisión del máximo tribunal de lo contencioso administrativo.