Más allá de los muertos de la Unimag: la lucha de Patricia por volver a estudiar

Era el año 94. Patricia Obregón Morán -samaria- en ese entonces era una joven estudiante que apenas ingresaba, a sus 24 años, a la -ahora desaparecida- carrera de Ciencias Sociales. Eran tiempos convulsionados, en el que los estudiantes -no solo en el Magdalena, sino en todo el país- se organizaban para hacerle contrapeso a una serie de medidas que traía consigo la Ley 30 de 1992 y que estaba cambiando el panorama de las universidades públicas.

La “autonomía universitaria” -concepto que aún hoy se defiende desde los claustros académicos- era también en ese entonces una bandera de lucha de jóvenes que asumían el liderazgo en nombre de los estudiantes. En aquel momento, una de las luchas era para elegir a los rectores por su voto directo y no a través de consultas como -a fin de cuentas- se terminó imponiendo.

Por aquella época los estudiantes se escuchaban en una sola voz. Había jóvenes líderes que participaban desde cada carrera y -en un proceso comunicativo- la posición de los estudiantes se hacía sentir en temas como la no alza de matrículas, mayor número de profesores de planta entre otras peticiones permanentes de los estudiantes. Aunque en la Unimag -según recuerda Patricia- no había una organización como tal que tuviera nombre alguno. Nada más que algunos líderes con ganas de defender los derechos de todos.

La Universidad del Magdalena pasaba por esos años por una especie de crisis rectoral. Aún reposa en los recuerdos de Patricia esas luchas de los estudiantes por no aceptar rectores que traían consigo irregularidades que los mismos estudiantes denunciaban.

Patricia recuerda con nostalgia el paso fugaz de Alfredo Correa de Andréis, “se ganó el corazón de los estudiantes”, pero que no soportó las presiones que por aquella época se sentían sobre el primer cargo de la Universidad del Magdalena.

Y también recuerda la fuerte lucha de los estudiantes contra la Gobernación que -tras la salida de Alfredo Correa- designó a un rector que ni siquiera ostentaba un título profesional. Era Carlos Caicedo, hoy en día gobernador del Magdalena.

“Bajo la rectoría del doctor Carlos Caicedo se asume esa política que quería implementar el Ministerio de Educación a través del ministro de entonces -el doctor Niño- y el rector decidió asumir todo aquello a lo que los estudiantes, profesores y los sindicatos nos oponíamos”, recuerda Patricia.

Pero lo que más les indignaba a los estudiantes era que quien lideraba estos procesos no tuviera el título profesional, pese a que el Consejo Superior establecía en ese momento -con obvias razones- que contar con título era un requisito básico. “¿Cómo iba a dirigir la Universidad un bachiller?”, se acuerda Patricia.

Como parte de las espontáneas manifestaciones de los estudiantes, estos llegaron al punto de protestar llevando hasta la misma puerta de la Gobernación del Magdalena un asno que -con ayuda de los estudiantes de diseño- habían disfrazado con toga, birrete para mostrarle al gobernador que el mensaje que le enviaba a los estudiantes con aquel rector era eso: “que había posesionado a un burro”.

De las “protestas inocentes” a la persecución

Lo que Patricia y otros estudiantes nunca se imaginaron era que esas luchas, esas discusiones de estudiantes contra los estamentos políticos del poder por banderas como la gratuidad -que sería arrasada con el ‘acuerdo de eficiencia’ firmado entre la Universidad y el Ministerio de Educación del año 98- pasarían de protestas a persecuciones que terminaron con ataques, atentados y muertes.

“Con este acuerdo de eficiencia que firmó Caicedo con el Ministerio, la Universidad pasó de ser financiada en un 80% a un 50% por el Estado, y entonces el otro 50% pasó a ser financiado por la matrícula de los estudiantes que, por razones obvias, se disparó, lo que conllevó a que muchos estudiantes tuvieran que acudir a endeudarse, y a muchos otros a dejar sus carreras”.

Pero – a juicio de Patricia- esto apenas era la punta del Iceberg de un fenómeno de fondo que se estaba imponiendo en la Universidad del Magdalena y que arrastraría a los líderes estudiantiles a un foso lleno de “persecuciones, hostigamientos” y, en el peor de los casos, muertes. Se trataba, a juicio de los estudiantes de la época, de que la Universidad del Magdalena estaba siendo “el plan piloto de la toma de las instituciones por parte del paramilitarismo”.

“Ese proceso que se llamó la ‘Refundación de Colombia’, que fue la propuesta política del paramilitarismo, nosotros evidenciamos que coincidía con la toma de la Universidad del Magdalena por parte de estos grupos paramilitares que, como si fuera una coincidencia lingüística, también se llamaba el ‘Proceso de refundación de la Unimagdalena’”.

Patricia comenta que el tiempo -y la consecuente declaración de los jefes paramilitares- confirmaría que en la Universidad del Magdalena “hubo unos listados donde se daban los nombres de los líderes estudiantiles, docentes y trabajadores que fuimos estigmatizados como si perteneciéramos a la guerrilla”.

“El objetivo de todas estas persecuciones que se vivieron en la Universidad, donde no solo se dieron las tres muertes conocidas, también hubo desaparición forzada y posterior asesinato, como el caso de la estudiante Lesbia Polo. A ella la interceptaron en la Avenida del Libertador en el año 98, y este caso no se asumió como un caso de Universidad, sino como una secretaria que fue desaparecida, pero ella era líder estudiantil, ella hacía parte de nuestro grupo”, recuerda Patricia, quien dijo que posteriormente se confirmó en Justicia y Paz que sí había sido secuestrada, torturada y asesinada dentro del proceso paramilitar.

“Cuando Caicedo llegó a la Universidad, entonces, no solo llegó un proceso de privatización que padecimos como estudiantes, sino que llegó un proceso de violencia al interior de la Universidad en donde todos los que nos opusimos al proceso de refundación de la universidad fuimos víctimas”.

Patricia recuerda que -para esa época- la postura de Caicedo como rector, ante las persecuciones a estudiantes, era “ambigua”.

“Nosotros sabíamos que Caicedo había sido amenazado en su momento porque él había sido de la guerrilla, pero él llegó a unos acuerdos y eso tuvo que ver con acuerdos de contratación. Pero más allá de eso, más allá de esa situación de tomar el presupuesto de la Universidad, es decir, los impuestos de la sociedad, para financiar el paramilitarismo, -más allá de eso- se dio un proceso de intercambio de información en la que los líderes fuimos perseguidos”, dice.

Patricia, que por esos años era estudiante de sexto semestre, fue denunciada en Fiscalía y tuvo que enfrentar procesos penales de los que -asegura- salió bien librada. No obstante, la misma Universidad, “sin ninguna justificación”, la sancionó con 3 años de suspensión de su carrera universitaria.

“El no volver a la Universidad me había deslegitimado, me había dejado sin mi soporte como estudiante. Ya no podía participar en la asamblea, en absolutamente nada. En la época en que fui sancionada justamente estábamos en la denuncia del bachiller que nos habían puesto como rector e hicimos unos mítines. Pusimos cadenas en las puertas. Ese día nos habían tomado unas fotos y nos denunciaron en la Fiscalía. La Fiscalía no encontró méritos, sin embargo, la Universidad sí nos sancionó”, rememora.

El atentado que la hizo huir de Santa Marta

Antes de que Patricia tomara la decisión determinante de huir con su familia y dejarlo todo atrás, vivió dos momentos que marcaron su destino.

El primero de ellos ocurrió en el año 99, cuando -en medio de su sanción impuesta por la Universidad- asistió a registrar a su hijo en la Registraduría y se encontró a una funcionaria que la reconoció y le hizo una advertencia.

“Me dijo que habían ido agentes del DAS a la Registraduría a pedir toda la información relacionada con ella y con un grupo de estudiantes de la Universidad del Magdalena. Pidieron fotos, direcciones, datos de las familias. Por eso ella me pidió a mí y a varios de mis compañeros que tuviéramos mucho cuidado”, describe.

Patricia, en un principio, no le prestó mucha atención a la advertencia y siguió con su vida. En el año 2001, incluso, regresó a la Unimagdalena a continuar con el séptimo semestre. Pero algo ocurrió que sí la hizo pensar en que su vida corría peligro.

“Yo tenía una cita a las 6 de la tarde con el profesor de historia de ese momento. Recuerdo que era el profesor Canchano. Y yo no pude ir por un tema de salud. Como no fui, el profesor decide irse con una estudiante porque yo no llegué a la cita, y a ellos le hicieron un atentado. Con el tiempo, me informaron que el atentado, del que ellos salieron ilesos, lo hicieron porque creyeron que en ese carro iba yo”.

A raíz de esa situación, la familia de Patricia le pidió que se fuera de la ciudad de una vez por todas. Y así fue.

Patricia no terminó el programa, le faltaban 3 asignaturas cuando se fue de la ciudad con sus hijos, su esposo y un par de maletas. “Estuvimos por Barranquilla, por Bogotá, Cartagena, La Guajira… Fueron tantos lugares, que, en otras condiciones, hubiera sido agradable conocer parte del país así”.

En todo ese tiempo, Patricia dice que los seguimientos no pararon allí. Tanto así que tuvo que irse de la ciudad a la que llegaba en tres ocasiones. “Nunca tuve protección del Estado, aunque las autoridades siempre me ayudaban a salir de la ciudad. Pero lo más angustiante era que a veces las autoridades no creían, siempre denunciamos y nunca nos hicieron caso”.

Por cuenta de esta situación, Patricia reconoce que nunca pudo cumplir su proyecto de vida, que era ejercer la docencia.

El retorno

Pero Patricia no se cansó después de haber sido desplazada sin su voluntad e intentó reclamar sus derechos para regresar a la Universidad y terminar su carrera, Ciencias Sociales, que ya ni siquiera existía en los programas académicos.

“Yo fui una líder estudiantil, yo luché por la Universidad, y las directivas me respondían en cartas que no podían hacer nada por mí, que no podía regresar a la universidad”, comenta.

Sin embargo, en el año 2016 decidió intentar ingresar pues se enteró de una amnistía que ofrecían para estudiantes con menos de diez años. Aunque ella llevaba más tiempo por fuera, dio la lucha para regresar.

“¡Así esto se vaya a la Corte Internacional! Pero a mí la Unimagdalena me tiene que devolver mi dignidad como estudiante”, dice Patricia, quien terminó instaurando una tutela que, en segunda instancia, hizo que un magistrado ordenara a la Universidad que su reintegro en una carrera afín y en donde, además, se reconoció todo el desplazamiento del que fue víctima.

Con este soporte jurídico, la Universidad la recibió en la carrera de Antropología, donde reinició su carrera académica. Hoy, Patricia sigue siendo estudiante de la Universidad del Magdalena. Está a punto de graduarse y -como ella dice- tener la oportunidad de “mostrarles a mis hijos de que defender tus valores y tus principios no pueden ser la razón para que otro decida sobre tu vida y sobre tus sueños”.

Patricia -en medio de la pandemia- ya terminó sus asignaturas y escribe una tesis para reconstruir la memoria histórica de las luchas del movimiento estudiantil en los oscuros años del 96 al 2006. Recibirá su grado a finales de año.

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